3.- Ejemplos de
políticas e instrumentos
microeconómicos
Para ilustrar esta sección, hemos optado por
citar en extenso uno de los trabajos de A. Galetovic (1998), que
lleva el sugestivo y muy pertinente título de Desatando
a Prometeo y en el que analiza las reformas
microeconómicas llevadas adelante en Chile durante el
gobierno militar.
Si no es por otra razón, el ejemplo escogido nos sirve
para ver con claridad, en un caso histórico concreto y
cercano, los principios que
las inspiraron, las grandes líneas de política, los
instrumentos utilizados y el impacto, en este caso transformador,
que lograron. Para no extendernos demasiado, vamos a
concentrarnos solamente en la primera ola de reformas,
encabezadas por Sergio de Castro, que el autor engloba bajo el
concepto de
"liberalización" (1973-1981). La segunda ola de reformas,
que no vamos a considerar aquí, fue la liderada por
Hernán Buchi, que el autor denomina de "privatización" (1985-1989). Esta
separación es muy importante para el autor, no sólo
por razones de índole histórica, sino porque el
mismo postula que lo grueso del impacto micro estuvo justamente
en liberar de restricciones a los mercados y no
tanto, como algunos autores destacan, en la política de
privatizaciones.
Conviene reiterar que el propósito de esta
sección es ilustrativo y tiene por objeto mostrar ejemplos
de políticas e instrumentos. En particular, la extensa
transcripción del artículo de Galetovic, debe
tomarse como una opción de conveniencia expositiva (se han
omitido las notas, que son muy importantes, y se han tomado
algunas libertades en su presentación) y no como
una presentación de sus ideas en la materia, las
cuales por lo demás son de gran interés.
Teniendo en cuenta el propósito perseguido, tampoco se han
incluido comentarios críticos que el mismo autor realiza,
en especial, respecto de los errores cometidos en el área
de la privatización y liberalización financiera. En
todo caso, también puede encontrarse una
enunciación similar en Galetovic (1997, 2004), en Libertad y
Desarrollo
(2001) y en Paredes (1997), aunque en este último caso,
con un foco especial en el tema de la política regulatoria
y las políticas de competencia.
3.1. Situación anterior: "….Tarifas
altas, tipos de cambio
múltiples y restricciones cuantitativas caracterizaban el
comercio
internacional; más de 3 mil precios se
fijaban por vía administrativa, y el Estado
controlaba más de quinientas empresas y casi
toda la banca. La
intervención estatal no sólo era generalizada, sino
también discrecional, pues casi todas las actividades
económicas estaban reguladas por incontables normas especiales
que restringían la entrada y la competencia, regulaban su
ejercicio y buscaban favorecer a algún grupo o
personal
(sic)…"
3.2. Principios orientadores o premisas que
guiaron las reformas: 1º) "… en la mayoría de los
casos el sector privado asigna eficientemente los recursos si se
deja funcionar libremente a los mercados" y 2º) "…por
regla general el Estado debe
limitarse a definir derechos de propiedad,
fijar reglas impersonales que no discriminen entre personas y
sectores y hacer sólo aquello que el sector privado no
pueda hacer (principio de subsidiariedad)…".
3.3. Políticas adoptadas y algunos
instrumentos utilizados:
- Liberación de precios En Octubre
del 73, se liberaron más de 3000 precios, se mantuvieron
controlados unos 30 que fueron prontamente también
liberados, a excepción de los precios de algunos
servicios
públicos. Posteriormente, en 1980, se
promulgó una ley que
prohibía fijar precios a no ser por una ley expresa
previo informe
favorable de la Comisión Antimonopolios. - Políticas de competencia.
Se eliminaron numerosas regulaciones que restringían y
regulaban la entrada y el ejercicio de un sinnúmero de
actividades. Destaca la liberalización del mercado del
transporte
terrestre y aéreo (aunque este último sigue
regulado por una serie de absurdos tratados
bilaterales y todavía está prohibido que empresas
extranjeras hagan cabotaje interno), y la del mercado de los
combustibles. Junto con la liberalización de precios, en
diciembre de 1973 se dictó la Ley Antimonopolios, la que
creó la Fiscalía Nacional Económica y las
Comisiones Preventiva y Resolutiva Antimonopolios. - Liberalización comercial.
La liberalización comercial es tal vez la principal
política de competencia adoptada. A comienzos de 1974 se
eliminaron cuotas y aprobaciones oficiales requeridas para
importar bienes, y en
1976 se habían desechado casi todas las barreras no
arancelarias, entre ellas las prohibiciones expresas de
importación y los depósitos
previos de 10 mil por ciento. En 1976 se abandonó el
Pacto Andino,
lo que permitió emprender una política
arancelaria independiente. De esta forma, las tarifas se
redujeron desde un nivel promedio de 100 por ciento con alta
dispersión en 1974 a un 10 por ciento parejo en junio de
1979 (con la sola excepción de los
automóviles). - Privatización y reforma de empresas en
manos del estado. Se devolvieron a sus dueños
las 259 empresas requisadas entre 1970 y 1973, y se
privatizó la mayoría de las estatizadas durante
el gobierno de la Unidad Popular. El Estado mantuvo en su
poder casi
todas las grandes empresas públicas creadas antes de
1970, y algunas que había estatizado el gobierno de
Allende. Éstas fueron racionalizadas: se liberaron sus
precios o, cuando se trataba de monopolios, se fijaron de modo
que se autofinanciaran. En el sector eléctrico se
introdujo la tarificación a costo
marginal.
- Liberalización financiera La
mayoría de los bancos
estatizados durante el gobierno de la Unidad Popular fueron
rápidamente privatizados. Desde fines de 1975 ya no se
fijaron las tasas de
interés bancarias. Los controles cuantitativos al
crédito se eliminaron a fines de 1976 y
se reemplazaron por encajes, los que gradualmente fueron
unificados y reducidos. Casi todos los activos
financieros se indizaron a la variación del
índice de Precios al Consumidor.
En 1981 se promulgaron la Ley del Mercado de
Valores que norma la emisión de valores de
oferta
pública, los mercados en que se transan y los
intermediarios que participan y la Ley de Sociedades
Anónimas, que se refiere a las sociedades
que emiten instrumentos de oferta pública. - Reforma tributaria. Se reformó
el sistema
tributario con el objetivo de
hacerlo neutral. El impuesto a la
Renta se uniformó y se integraron los impuestos
personales y a su fuente (salarios,
dividendos, utilidades); con ello se eliminaron casi todas las
exenciones, en particular las que eximían a las empresas
públicas del pago del Impuesto a la Renta, a las
ventas y al
comercio
internacional. Los impuestos a ventas y servicios
fueron reemplazados en 1975 por el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), de
tasa pareja de 20 por ciento (con algunas excepciones). Se
mejoró la capacidad de fiscalización del Servicio de
Impuestos Internos, y se introdujeron la corrección
monetaria de los balances y, para independizar la carga
tributaria de la inflación, la indización de los
impuestos. - Reforma previsional. A partir de
1974 se fueron uniformando la edad de retiro y los beneficios.
En 1981 se sustituyó el régimen de reparto
administrado por el Estado por uno de capitalización
individual administrado por empresas privadas: afiliarse a una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) se hizo obligatorio
para quienes ingresan a la fuerza
laboral por
primera vez, pero era una decisión voluntaria para
quienes ya estaban en el sistema de
reparto en 1981. Se crearon las Instituciones de Salud Previsional privadas
(Isapres). - Reforma laboral. Se
eliminó la obligación de afiliarse a entidades
gremiales únicas para ejercer oficios y profesiones
liberales, y se le retiró a estas asociaciones el
derecho de fijar los honorarios de su oficio o
profesión. En 1978 se eliminó la Ley de
inamovilidad, permitiéndose el despido sin
expresión de causa y limitándose los pagos por
desahucio. Por último, el Plan Laboral de
1979 prohibió la negociación colectiva por área,
limitó la duración de las huelgas a sesenta
días al cabo de los cuales caducaban los contratos de
trabajo,
permitió a las empresas contratar reemplazantes durante
una huelga y
transformó en voluntaria la afiliación a un
sindicato.
Junto con las reformas descritas, las que afectaron
directamente a la mayoría de los mercados se
introdujeron algunos cambios legales que dificultan la acción discrecional del estado y
fortalecen el derecho de propiedad.
- Limitación de la acción
económica del Estado. Se eliminaron las franquicias
tributarias que favorecían a las empresas
públicas y, en general, se adoptó el principio de
que una empresa del
Estado debe autofinanciarse y someterse a las mismas normas que
una empresa privada
del mismo sector. Por consiguiente, se separó el papel
regulador del Estado de la producción de bienes. La Constitución de 1980 establece que el
Estado puede emprender actividades económicas
sólo si es autorizado por una Ley de
Quórum calificado. También se le
prohíbe al Estado discriminar arbitrariamente al otorgar
beneficios a sectores, actividades o áreas
geográficas determinadas. - Fortalecimiento del Derecho de
Propiedad. El artículo 19, Nº 21 de
la Constitución de 1980, establece que la libertad
económica de los privados es la regla general. Si bien
el Estado mantuvo el poder de limitar los derechos
económicos de los particulares, se limitó su
ejercicio. Por ejemplo, sólo se puede regular una
actividad por ley, no por decreto administrativo; para
expropiar, el Estado debe hacerlo mediante una ley y debe
indemnizar a precios de mercado y en efectivo. Y, en cualquier
caso, las leyes que
limiten el derecho de
propiedad no pueden afectarlo en su esencia ni imponer
condiciones, tributos o
requisitos que impidan su libre ejercicio (artículo 19,
Nº 26). - Introducción del "recurso de
protección": En 1976 se introdujo el " recurso
de protección", que permite que particulares soliciten
una revisión judicial inmediata cuando ciertos derechos
son violados por organismos estatales o por particulares. Los
recursos van directamente a las cortes de apelaciones
regionales las que tienen amplia autoridad
para ordenar cualquier medida que consideren necesaria para
restablecer el imperio de la ley.
4.- Importancia y
actualidad de las políticas microeconómicas en el
debate
público
4.1. El tema de la micro, en general, es un
tema políticamente complicado, porque sea como
políticas activas (sea destrabar regulaciones y
obstáculos en el mercado, o crearlos) o como
políticas pasivas o de omisión (mantener las cosas
como están, sea que el mercado funcione o que sigan
las distorsiones), siempre significa afectar intereses
concretos. Políticamente es difícil mantener
una política sistemática pro mercado, especialmente
cuando no existe una tradición e historia anterior en esta
materia y los hábitos de comportamiento
y la cultura de los
actores económicos, están adaptados a funcionar en
una maraña de subsidios, regímenes promocionales,
estímulos sectoriales, aranceles de
protección, exenciones tributarias, barreras de entrada,
etc.
En términos generales, el impacto de corto
plazo de una política liberalizadora, por ejemplo,
conlleva siempre un alto costo social en materia de
pérdida de privilegios, cierre de plantas, desempleo,
transferencia relativa de riqueza entre grupos y
sectores. Comunidades enteras pueden perder su fuente de trabajo.
Además, los intereses que se ven afectados, normalmente
apelan a defenderlos en términos de mucha sensibilidad:
apoyar al productor nacional, defender la fuente de trabajo de
cientos de familias, tradiciones productivas mantenidas por
generaciones, capitalismo
salvaje, mercado cruel, explotación extranjera, etc. Una
política en defensa de la dignidad del
trabajador, de su estabilidad laboral, de sus condiciones de
trabajo, de salario
mínimo alto en términos reales (¡quién
puede no estar de acuerdo con todo esto!), puede ser estupenda
para los trabajadores calificados, con empleo y con
cierta antigüedad en el trabajo,
pero puede ser sumamente perjudicial para aquellos que
están fuera del mercado laboral y a punto de ingresar. Y
así sucesivamente. Los ejemplos en uno y otro sentido, se
podrían multiplicar al infinito.
Por lo tanto hay aquí un interesante campo
de discusión y debate: el tratamiento del problema en
situaciones pre mercado o post mercado, entendiendo por
esto contextos en los cuales puede afirmarse que existe una
economía
de mercado establecida (con las limitaciones que pueda tener) o
situaciones en lo que esto todavía no ha acaecido; el tema
de la gradualidad/intensidad en las políticas micro en uno
y otro contexto; las condiciones políticas e
institucionales requeridas en uno y otro caso en cada uno de los
contextos mencionados; pueden ser posibles reformas micro
radicales en un contexto democrático?, etc.
4.2 Pudiera ser una impresión
errónea de nuestra parte, pero pareciera que las
políticas micro tienden a estar subrepresentadas en la
discusión económica general y más aún
a nivel de opinión
pública, en esta región del mundo en que
vivimos. La tasa de crecimiento, el nivel general de empleo, los
índices de inflación, el déficit fiscal, las
cifras de comercio
exterior, la deuda externa,
etc., se roban la pantalla. Así por ejemplo, al referirse
a una segunda ola de reformas para un desarrollo productivo y
proponer políticas a nivel micro, Ramos (1998) comienza
diciendo: "Aún cuando la función de
la política microeconómica sea sin duda
subsidiaria….". La cita resulta funcional a nuestro
propósito y por eso la incluimos (tomando en cuenta la
definición estrecha de micro que el autor hace y que ya
mencionamos en 2.3., seguramente no estemos haciendo justicia con
su posición en esta materia).
Una explicación a este supuesto papel
secundario ocupado por las políticas micro, podría
estar en algunas creencias discutibles, que pueden inducir a
errores (En esta sección, reproducimos, con alguna
libertad, la argumentación de Galetovic, 2004).
La primera de estas creencias, mantiene que la
eliminación de una o varias distorsiones estáticas
(subsidio, arancel, impuesto sectorial, etc.), aumenta el
nivel productivo por una única vez y por lo tanto,
su efecto es transitorio y poco relevante, en comparación
con las políticas que aumentan la tasa de
crecimiento de largo plazo, que son las verdaderamente
importantes. Por lo demás, una vez que las medidas fueron
tomadas y el salto por única vez producido, su
repetición o perfeccionamiento en el margen
(Rodríguez, 2002) no conlleva a mejoras mayores, por un
problema de rendimientos decrecientes.
La segunda creencia que menciona Galetovic, es
aquella que sostiene que las políticas importantes son
aquellas que aumentan la productividad
total de los factores, mientras se consideran como transitorias y
poco relevantes aquellas que ayudan a acumular capital.
Precisamente, un efecto manifiesto de una liberalización
de los mercados, es la acumulación de capital en nuevos
sectores, una vez eliminadas distorsiones de precios
relativos.
La tercera creencia dice así: "Las reformas
se diseñan en t = 0. Luego se administran y cosechan los
frutos", es decir, hecha la ley o la reglamentación,
esperemos los resultados. Recordemos todo lo visto sobre
implementación de políticas, problemas de
agencia, captura regulatoria, etc.
Finalmente, la cuarta creencia mantiene que la
primera generación de reformas consiste en privatizar, la
segunda es regular. El confundir reformas de mercado con
privatización, es un grave error conceptual. Incluso los
autores del "public choice", que tanto han insistido en
desmitificar el estado y en alertar sobre "fallas de estado",
señalan que las burocracias estatales no son más
ineficientes que las privadas por ser estatales, sino por no
tener competencia. Incluso muestran evidencia empírica, de
que cuando esta existe, una empresa estatal puede ser tan
eficiente como una privada. Es decir, poner el acento en la
privatización, es perder el foco del problema y perder
claridad en la política.
4.3. A guisa de conclusión, intentaremos
señalar la importancia de las políticas
microeconómicas en el debate actual en nuestro
país. Para ello, permítasenos esquematizar
brevemente las líneas principales de este último.
En la medida que se trata de una visión
esquemática, y que por lo demás no hace al
propósito central de esta presentación, resulta
claro que no puede hacerse justicia a las sutilezas y matices de
las distintas posiciones, pero servirá igualmente para
ubicar la discusión.
Los párrafos que siguen a
continuación, parecieran contradecir lo analizado en los
dos puntos anteriores. Sin embargo, entendemos que la
contradicción es sólo aparente. Recordemos que
nuestro país ya experimentó una profunda reforma
micro y sabe lo que involucra, tanto en costos de corto
plazo como en beneficios en el largo plazo. Ya se probó
que el fruto daba buen jugo, en consecuencia es más
fácil argumentar que conviene seguir
exprimiéndolo…
Existe un consenso bastante generalizado en
cuanto al reconocimiento de que las reformas estructurales (en
lo micro y en lo macro), realizadas por el gobierno militar,
tuvieron un impacto profundo, novedoso e irreversible en la
sociedad
chilena. Esto es reconocido por tirios y troyanos (con distinto
entusiasmo, obviamente, según se sea tirio o troyano…).
Indudablemente se produjo un salto cualitativo histórico
de inocultable y dramática importancia.
Para algunos, el grueso del impacto se
habría producido muy tempranamente: "…Se puede afirmar
sin más que en 1981 Chile era una economía de
mercado…..Prometeo ya estaba libre en 1981…." (Galetovic,
1998). Para otros, el ciclo fue más largo y el modelo fue
consolidado y perfeccionado posteriormente. En su último
libro sobre el
proceso
reciente de modernización vivido por nuestro país,
un hombre
proveniente de las entrañas de la Concertación,
Eugenio Tironi, sostiene: "La primera ruptura fue la que se
introdujo en la segunda mitad de los años setenta, pero
que recién vino a madurar a mediados de los ochenta. Se
trata del quiebre con el orden económico
burocrático; un sistema articulado en torno al Estado,
con grupos corporativos poderosos y altamente politizados
orientados a ejercer presión
sobre el fisco, y un mercado reciamente regulado y
férreamente protegido de la competencia externa. El gran
protagonista de esta ruptura fue Augusto Pinochet, con métodos
que llevaron a la supresión de las libertades
básicas y la violación masiva de los derechos
humanos. Pinochet fue quien introdujo un modelo económico
basado en mercados libres, en la apertura comercial, en el rol
subsidiario del Estado, y en el papel central de la empresa
privada incluso en campos que parecían prohibidos como la
previsión, salud, educación, telecomunicaciones y energía, entre
otros…..Este modelo ha experimentado profundas mutaciones
en el transcurso de los últimos 20 años; pero sus
coordenadas básicas se han mantenido desde su
instauración hasta ahora" (Tironi, 2005).
4.4. También existe un consenso
generalizado respecto de que los gobiernos de la
Concertación consolidaron definitivamente las
políticas macro, tanto en sus aspectos
institucionales como de políticas e instrumentos
concretos, llevándola incluso a niveles de cierto
virtuosismo, como en el caso de la regla sobre superávit
estructural. Hubo en este plano, esta vez en democracia, la
misma firmeza y convicción para mantener los equilibrios
macro, la solidez de las cuentas externas,
el combate a la inflación, el equilibrio
fiscal, etc. Hubo en esta materia una opción clara
(en el sentido que usa el término Marcel, 2000), cuyo
éxito
es reconocido también por tirios y troyanos.
4.5. En el tema micro, en cambio, las
opiniones empiezan a dispersarse un poco, aunque debe reconocerse
que no se trata fundamentalmente, aunque la diferencia importe y
mucho, de pertenecer al bando de los tirios o de los
troyanos.
Galetovic advierte por ejemplo, en su
artículo publicado hacia el final del gobierno del
presidente Frei (h), que se han comenzado a olvidar dos
"lecciones" importantes que el país debió retener
de las reformas del período militar. La primera es que
"…el dinamismo que muestra la
economía chilena se debe en gran medida a que en ella los
mercados son libres – sin restricciones a la entrada y a la
competencia -, las reglas son uniformes y las presiones de los
grupos de interés no determinan la política
económica. Desde hace un tiempo se ha
ido haciendo más y más frecuente sostener que las
reformas se han estancado porque no se ha continuado (y
terminado) con la privatización de empresas y servicios
públicos. Este diagnóstico es errado. Es cierto que las
reformas se han estancado; sin embargo, lo preocupante para las
perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo del
país no es tanto que Codelco o Enap sigan en manos del
Estado, sino que el impulso liberalizador se haya
perdido…"
La segunda lección tiene que ver con el
tema de claridad y firmeza de las opciones a tomar que
mencionábamos en 4.2. : "…Tanto Sergio de Castro como
Hernán Büchi tenían meridianamente claro hacia
adónde querían llegar y qué políticas
eran necesarias para lograrlo. La claridad de propósito es
uno de los aspectos más notables de quienes condujeron las
reformas y una de las carencias más notorias de quienes
hoy conducen la política económica. Es imposible
explicar el éxito de las reformas sin esta
característica de la conducción económica e
improbable que hoy se haga lo que hay que hacer si no se tienen
objetivos
claros…" (Galetovic, 1998). (Recuérdese que el autor
está hablando específicamente de políticas
micro).
Un autor que habitualmente, por personalidad,
tradición académica y sobre todo por sus actuales
funciones,
acompaña sus manifestaciones de gran ecuanimidad,
señala con sorprendente claridad que han existido notables
avances en el manejo macro, pero "…No se puede decir lo mismo
de las políticas sectoriales y microeconómicas, en
los que ha habido importantes retrocesos o falta de avance…"
(Corbo, 2005).
En general, reconociendo que ha habido pasos
importantes en la dirección correcta, como, entre muchos
otros, la implementación del sistema multicarrier de larga
distancia, que permitió introducir competencia en un
sector caracterizado por monopolios naturales (Domper, 2003), o
la perfomance de la institucionalidad antimonopolios (Paredes,
1997), existe un consenso generalizado respecto de que las
políticas micro son la pata coja de la mesa. Y este
consenso, va desde Michael Porter en su reciente visita a Chile
hasta los programas
económicos conocidos de todos los candidatos para la
próxima presidencial (El Mercurio, 2005), pasando por el
amplio consenso generado en las 28 comisiones técnicas
que dieron origen al documento sobre la Agenda pro crecimiento
(Documento oficial, 2002).
Los matices respecto de este consenso general,
están dados porque algunos hablarán de que hace
falta un mayor énfasis, otros dirán que se advierte
cierta falta de dinamismo, otros que hace falta una nueva ola de
reformas y otros más críticos, dirán que lo
que se ha hecho en la materia (reforma tributaria y laboral,
modificaciones previstas al Código
de Aguas, royalty minero, etc.), está mal y explica en
gran parte la ralentización del crecimiento chileno y lo
hace mucho más difícil (Silva, s/f), en un contexto
internacional excepcionalmente auspicioso, pero todos coinciden
en que de un tiempo a esta parte, lo que realmente queda por
hacer está en el área micro. Consecuentemente con
esto, todos también dan sus recomendaciones al respecto.
Algunos ejemplos de esto último, pueden encontrarse
en:
Domper (2003): libre competencia en los mercados
eliminando un cúmulo de regulaciones aún
existentes, el tema medioambiental y el sistema de bonos de
descontaminación, los mercados de recursos
naturales (minería,
pesca y aguas)
y sectores regulados como el de energía, transporte y
servicios sanitarios. En la misma línea, también
Libertad y Desarrollo (2001).
- Rodríguez (2002): aumento de eficiencia y
eficacia del
estado, mejoramiento de la regulación de sectores claves
como las telecomunicaciones, energía y pesca,
profundización del sector financiero y
estimulación de las actividades de innovación. En resumen, lo que el autor
denomina "reformas microeconómicas de segunda
generación". - Galetovic (2004): " … en el ámbito
microeconómico el desafío es lograr instituciones
públicas fuertes e independientes del estado, los grupos
de interés y los partidos
políticos que vigilen y disminuyan el poder
discrecional del Estado, castiguen conductas anticompetitivas,
eliminen regulaciones inútiles y regulen adecuadamente
los precios y la calidad de lo
producido por industrias
con características de monopolio
natural. La tarea es difícil porque, para lograr
instituciones con esas características y objetivos,
tendríamos que ser capaces de idear mecanismos que
garanticen que la lista de elegibles para dirigirlas
esté compuesta principalmente por los más capaces
y no sólo por los favoritos de los partidos
políticos y del ejecutivo – algo que, como sugiere
la experiencia del Banco Central,
estamos aún muy lejos de lograr. Las comisiones
antimonopolios activas y los reguladores fuertes tal vez nunca
formaron parte de la idea de liberalización de quienes
hicieron la primera ronda de reformas, tal vez por su
escepticismo radical en que tales instituciones serían
capaces de resolver el problema de la captura por el poder
político. Pero, con ese énfasis algo distinto, lo
que se necesita hoy es una vuelta al ímpetu
liberalizador de la primera ronda de reformas". - Corbo (2005): mejorar marcos regulatorios en sectores
donde la inversión está detenida;
desregular el mercado laboral para facilitar el ajuste de las
empresas a un entorno cada vez más incierto y aumentar
las oportunidades de acceder a un empleo a los grupos
más vulnerables (los desempleados, especialmente las
mujeres y los jóvenes con bajos niveles de
educación y con poca experiencia laboral); reducir la
incertidumbre tributaria; modernizar y racionalizar la administración pública; seguir
avanzando en mejorar la infraestructura;
fomentar la inversión en investigación y desarrollo; mejorar la
gestión, la cobertura y la calidad de
la
educación y salud públicas; profundizar el
mercado de
capitales para facilitar el ajuste, el desarrollo de
empresas y la creación de una plataforma financiera
regional. A esto denomina Corbo "una agenda pro crecimiento
ampliada", que está constituida por medidas micro y
sectoriales. - Agenda pro crecimiento Documento oficial,
2002).
También podemos encontrar recomendaciones
micro para ámbitos más específicos en
Paredes (1997) referidas a la institucionalidad antimonopolios
y en Bitrán (2002), en relación al tema de la
innovación y el sistema innovativo nacional, sólo
para citar dos ejemplos concretos.
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Autor:
Carlos Cáceres Valdebenito
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